Capos de giros negros desde la campaña

Capos de giros negros desde la campaña Padierna negoció con la mafia Documento confidencial revela movimientos turbios de su actual titular Por José Martínez M. Dos semanas después de que la perredista Dolores Padierna asumió la jefatura delegacional en Cuauhtémoc, quedó al descubierto que los principales impulsores de su campaña eran los capos de los giros negros, el incendio del antro “Lobohombo”, que dejó un saldo de más de veinte muertos y decenas de heridos puso al descubierto la red de intrincadas relaciones entre las autoridades delegaciones y la mafia de los centros nocturnos. Pronto las evidencias empezaron a aparecer, varias fotografías publicadas demostraban actos de campaña de Padierna patrocinada por los zares de los giros negros. Y así como llegó en medio del escándalo, Padierna quien hace unas semanas renunció para lanzarse en busca de una diputación, dejó como sustituto en esa demarcación al hombre clave en la negociación con la mafia: a José Alfonso Suárez del Real quien ahora despacha como flamante delegado en la Cuauhtémoc, con el apoyo del PRD en la “ciudad de la esperanza”. Un documento confidencial en poder de La Crisis bajo el folio DGJG/NI-019/2002 fechado el 13 de febrero de 2002, revela los entretelones de la corrupción perredista en Cuauhtémoc. El documento fue elaborado por Lenia Batres Guadarrama, actual aspirante a jefa delegacional en Benito Juárez, quien lo dirigió a Dolores Padierna Luna para hacerle de su conocimiento las atrocidades cometidas por Del Real, quien se jacta del apoyo del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el documento existen los elementos para destituir al sucesor de Dolores Padierna y abrir una averiguación para deslindar responsabilidades que podrían involucrar a la ahora aspirante a diputada. El informe confidencial El informe revela lo siguiente: Para: Dolores Padierna Luna De: Lenia Batres Guadarrama Le relaciono los distintos hechos que han ocasionado mi desconfianza hacia el C. José Alfonso Suárez del Real, con el fin de solicitarle, atentamente, se le retire de cualquier intervención en los asuntos de la Dirección General a mi cargo: 1. El 20 de octubre de 2000, a escasos 14 días de que ingresamos a la administración delegacional, conocimos que en la madrugada de ese día se había incendiado el establecimiento mercantil denominado “Lobohombo”, ubicado en Insurgentes Centro 95 y 97, Col. San Rafael. La suscrita fue convocada a conferencia de prensa que se daría en la Sala de Cabildos del edificio delegacional aproximadamente a las 11 horas de ese día. Antes, se mantuvo una plática entre diversos funcionarios delegacionales, entre los que se encontraban: usted, Carlos Saiz, entonces asesor de la Jefatura Delegacional; José Alfonso Suárez del Real, coordinador de Asesores de la Jefatura Delegacional; Juan José Reyes Sánchezsantos. Entonces director Jurídico, y la suscrita. En dicha reunión el coordinador de Asesores informó que el establecimiento contaba con un amparo otorgado por la justicia federal y reprodujo una ficha con datos de los que dijo haber tenido conocimiento en la administración anterior, en la que ocupó el mismo cargo con el entonces Delegado Jorge Legorreta. Opiné que convendría analizar primero la documentación que tuviéramos en los expedientes, sin embargo, se me pidió dar lectura a la ficha elaborada por el C. José Alfonso Suárez, lo que hice en presencia de la prensa. Se encubrió actividad del “Lobohombo” Al día siguiente, después de leer cada uno de los expedientes de los juicios, le informé que en ninguno de los 11 juicios de amparo promovidos por los representantes del establecimiento se otorgó no sólo amparo de la justicia federal, sino tampoco una sola suspensión válida a favor del establecimiento, dado que en los casos en que se había otorgado fue contra actos inexistentes de la Delegación. Por lo tanto, le señalé que se nos había mentido. Más aún cuando en los primeros días de la administración el funcionario en cuestión había estado orientando a la jefa de Espectáculos a responder oficios en los que se aseguraba que la Delegación tenía conocimiento de que el establecimiento se encontraba clausurado. De cualquier forma, el conjunto de los documentos relativos al establecimiento mercantil, proveniente de áreas de las entonces Subdelegación Jurídica y de Gobierno, la Subdelegación de Obras y Desarrollo Urbano, la Coordinación de Asesores de la Jefatura Delegacional y la Ventanilla Única, total de mil 691 fojas divididas en 24 legajos y 11 planos en los que constan los expedientes de 11 juicios de amparo, un juicio de nulidad, tres procedimientos administrativos de visita de verificación y los trámites ingresados en las unidades de Espectáculos Públicos, Giros Mercantiles y Licencias, y Uso de Suelo, además de diversas promociones ingresadas por los interesados, fue enviado a la Contraloría Interna de la Delegación y al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondiente. 2. De octubre a diciembre de 2000, la entonces jefa de Espectáculos Públicos me informó que el Coordinador de Asesores le remitía copia de faxes provenientes de la empresa Argos en los que le informaba a ese servidor público de diversas locaciones en la vía pública que usaría para filmar y anexaba hojas con firmas de vecinos. En total, se trató de 55 filmaciones realizadas durante el primer trimestre de la actual administración que fueron tácticamente autorizadas por el C. Suárez del Real, que no tenía facultad alguna para hacerlo. Igualmente fui informada por la Subdirectora de Juzgados Cívicos que dirigentes de sexoservidoras y sexoservidores de la Delegación referían que el mismo funcionario había llegado a acuerdos con ellos para que permanecieran en diversas zonas de la demarcación. Paralelamente, en ese mismo periodo acudieron diversos particulares a mi oficina con el fin de requerirme permisos que el Coordinador de Asesores les había asegurado se les otorgarían, como autorizaciones para la ocupación de la vía pública con enseres, licencias de funcionamiento para establecimientos mercantiles y permisos para filmaciones, entre los que recuerdo. Por estos tres motivos, a mediados de diciembre de 2000, acudí a la oficina del servidor para solicitarle: a) Se abstuviera de recibir y remitir faxes de empresa alguna, dado que para hacer uso de la vía pública se requería la autorización de esta desconcentrada por conducto de la entonces Subdelegación Jurídica y de Gobierno, de acuerdo con el artículo 117 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente en aquel momento. Esa autorización, le indiqué, no podía ser sustituida por faxes en los que se anexaba “visto bueno vecinal”. La empresa, para considerarse autorizada, debía obtener un documento escrito en el que la autoridad competente le autorizara expresamente. Es decir, por medio de un acto administrativo que reuniera los requisitos y elementos de validez que señalan los artículos 6 y 7 de la ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, entre los que se encuentra la presentación de una solicitud, el cumplimiento de los requisitos aplicables y la autorización de autoridad competente, así como en su caso, el previo pago de derechos. b) Se informará a los grupos de sexoservicio que la única instancia que podía conocer de convenios con sexoservidores era un juez cívico, como indica el artículo 51 de la ley de Justicia Cívica, en el marco de la conciliación prevista entre un quejoso y los sexoservidores. c) Que para una orientación eficiente a los particulares, se les remitiese con los funcionarios que conocían los requisitos y procedencia de diversos trámites, con el fin de evitar generarles incertidumbre en su aprobación para, en caso de ser procedentes, cumplieran rápidamente con los requisitos aplicables y, de no serlo, así se les indicase desde un principio. d) Que se abstuviese de remitir sus opiniones sobre la procedencia de cada trámite a los jefes de unidad porque podría interpretarse como una instrucción cuando era improcedente su solución positiva y ello causaba desconcierto a los funcionarios del área Jurídica y de Gobierno. Como respuesta, en días posteriores, me envió copia de oficio sin folio de fecha 18 de diciembre de 2000 suscrito por él dirigido a la empresa Argos indicándole que... en cumplimiento de las disposiciones normativas y reglamentarias que rigen las actividades de filmación en la vía pública del DF., y en particular en la Delegación Cuauhtémoc, el acuerdo verbal efectuado entre el ex delegado Arq. Jorge Legorreta y su empresa productora no puede ser sostenido por la actual administración, motivo por el cual, le exhorto a cumplir con la normatividad y a iniciar los contactos que juzgue pertinentes con la única instancia facultada por la ley para analizar, avaluar, dictaminar, y en su caso verificar las filmaciones que realiza su compañía productora, reiterando que esta instancia es la Subdelegación de Jurídica y de Gobierno... Igualmente, me remitió copia de 7 oficios que envió al mismo número de asociaciones de sexoservicio o de vecinos, indicándoles que... en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Justicia Cívica del DF, relativo a los procesos conciliatorios, que sobre el sexoservicio se estipula, así como los procedimientos de remisión y sanción de este mismo ordenamiento, la única instancia facultada legal y normativamente para atender estos asuntos es la Subdelegación Jurídica y Gobierno a través de la Subdirección de Juzgados Cívicos y de Calificación de Infracciones... Invasión de facultades Y comenzó a marcarme copia de los oficios con comentarios que a la fecha sigue enviando a los diversos jefes de unidad del área, sobre la procedencia de cada uno de los trámites que ingresan a la Delegación a través de la Ventanilla Única. 3. No obstante ello, en oficios sin folio de fecha 15 y 19 de febrero de 2001, el coordinador de Asesores autorizó una filmación y una toma fotográfica, respectivamente, invadiendo nuevamente las facultades conferidas a la actual Dirección General Jurídica y de Gobierno. En el “Comité Jurídico” del 26 de febrero del 2001, celebrado en la Sala de Juntas de la Jefatura Delegacional, señalé estas irregularidades con el fin de que el servidor público en comentario se abstuviera de seguir cometiéndolas. Este punto de asuntos generales no fue transcrito en el acta respectiva de la reunión, pero como respuesta, en oficio DCJ/089/2001 de fecha 2 de marzo suscrito por usted, se indica: En atención a la pláticas tenidas referentes al incumplimiento de trámite por parte de la filmadora “Argos Televisión” durante los últimos dos meses de gestión de la pasada administración, me permito anexar a usted copia que acredita que dicha empresa sí ingresó ante Ventanilla Única una solicitud general de permisos de filmación y de conformidad al acuerdo adoptado por el ex Delegado C. Arq. Jorge Legorreta Gutiérrez, ratificó vía fax las locaciones, adjuntando el visto bueno vecinal de manera puntual dentro de las 36 horas acordadas. Asimismo, le envió copia del oficio dirigido a la productora en la que se le exhorta a atender las instrucciones que la nueva administración adoptó para estos trámites, así como copias de las cartas giradas a los representantes de sexoservicio y de oficios a CNI Canal 40 y Periódico Reforma. No dí respuesta a su oficio, porque supuse lo habría elaborado el propio cordinador de Asesores pero le aclaro ahora: a) La discusión no fue sobre trámites de los últimos dos meses de la gestión pasada, sino sobre los 55 faxes recibidos del 1 de octubre al 18 de diciembre de 2000 por el coordinador de Asesores, es decir, en los primeros dos meses y medio de funciones de la actual administración. b) No se me anexó documento alguno que acreditase que la empresa hubiera ingresado solicitud general de permisos de filmación alguna ante la Ventanilla Única. Pero, en caso de existir, la Delegación estaba obligada a emitir una respuesta que tampoco existió. En ese oficio debían señalarse las características de la autorización: entre otras, lugar y hora de las filmaciones. c) No consta en ninguna parte que existiera un acuerdo entre la empresa Argos y el ex delegado Jorge Legorreta. Pero, en todo caso, quien los ejecutaba era el C. Suárez del Real, no el arquitecto Legorreta. Acciones para sanear la administración 4. Durante el primer año de labores tomé diversas medidas, consultadas u ordenadas con o por usted, para sanear lo más posible la administración, dado que los trabajadores estaban acostumbrados a que no se les requería laborar las horas extras que cobraban y no se les controlaba la asistencia, así como a negociar con sus funciones. a) Conocimos que personal de base de la Subdirección de Protección Civil cobraba Programas Internos de Protección Civil, realizaba supuestos trámites de condonación de impuestos a otros trabajadores de la propia Delegación y faltaban muy constantemente a sus labores. Se levantó la denuncia en la Contraloría Interna. b) Que personal de Vía Pública cobraba a comerciantes ambulantes por permitirles laborar sin permiso alguno. Se levantó denuncia penal al respecto y se logró la detención de dos inspectores de Vía Pública. c) Que personal de Mercados cobraba a los locatarios para gestionar u orientar algún trámite o permitirles hacer remodelaciones clandestinas en los locales. Se levantaron actas administrativas y, al menos, dos denuncias penales. d) Que personal de la Dirección Jurídica asesoraba a particulares contra actos de la Delegación. Se puso a disposición al abogado del que se supo este hecho, dado que no se tuvo manera de comprobarlo. e) Que personal de base extorsionaba a comercios establecidos simulando ser verificadores administrativos. Se levantó la denuncia penal contra seis trabajadores por las credenciales falsas que fabricaron para ello. f) Que personal de la Unidad Calificadora de Infracciones gestionaba permisos para particulares o saboteaba la resolución de procedimientos administrativos con tortuguismo y ocultamiento o alteración de expedientes. Se levantó denuncia en la Contraloría Interna y ante el Ministerio Público. g) Que personal de Giros Mercantiles ofrecía sus servicios a particulares cuando le era negado un trámite, probablemente con falsificación de documentos, entre otras irregularidades. Se levantaron al menos tres denuncias penales y un acta ante la Contraloría Interna por esos hechos. Todo lo fui haciendo de su conocimiento, apenas supe de los casos. Su instrucción ha sido clara siempre: presentar denuncia y poner a disposición al trabajador. En el primer año de trabajo se pusieron a disposición a más de 250 trabajadores y se presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra 20 servidores públicos, en los casos en las que tuvimos testigos o se encontró el delito flagrante. Igualmente, instruí a los jefes de área, subdirectores y directores para que programaran y garantizaran que el personal trabajara las horas extra que la institución les paga. Sin embargo, y como era de esperarse, hubo quejas de los representantes sindicales. Dialogué con ellos. Pero, autocomisionado, José Alfonso Suárez del Real comenzó a revertir las decisiones que tomaban los jefes de esta Dirección General. Sobre las horas extra, suscribió un “convenio” con los representantes en el que se acuerda pagarlas, indistintamente. Sobre las puestas a disposición de distintas áreas, igualmente “convino” que serían reintegrados a su área. El “convenio” fue de mi conocimiento a través de trabajadores que se lo mostraron a sus jefes para que lo acataran. Instruí a la subdirectora de Verificación y Reglamentos para que los antiguos inspectores de Verificación y Reglamentos, personal de base sin labores asignadas desde 1997, por la expedición de Reglamento de Verificación Administrativa, no cobraran extra, porque ninguno de ellos las laboraba. Ahora sé que las siguen cobrando con firma del C. Suárez del Real, así como también ha hecho con trabajadores de áreas que se habían puesto a disposición y fueron reingresados por él, aunque los jefes no los hayan reconocido como reasignados al área, por ser ésa una competencia exclusiva del jefe bajo cuyo mando se encuentran. Supe por servidores públicos que estuvieron presentes en distintas reuniones entre el C. Suárez del Real y representantes sindicales que el coordinador se asesores daba cabida a solicitudes de destitución de jefes, subdirectores y directores de esta Dirección General, e incluso de la suscrita, respondiendo que lo abordaría con usted. 5. En los últimos días de octubre pasado, en las distintas áreas, trabajamos información de nuestras labores para eventos y publicación del informe anual delegacional. Nuevamente, a cargo del C. Suárez del Real, las cifras que envié fueron tergiversadas. Por ejemplo, se publica en el folleto de informe que clausuramos “176 giros negros”, cuando informé que se puso clausura a “206 establecimientos mercantiles”. Que se dictaron “460 resoluciones administrativas” cuando no informé de ese dato, por haber impuesto varias sanciones en cada resolución y en estas se califica en algunos casos más de un acta de verificación. Se dice que levantamos denuncias por “abuso de autoridad” cuando, obviamente, no levantamos una sola porque eso implicaría que hemos sido víctimas de alguno de los servidores públicos de la Delegación que se extralimitasen en la competencia que la ley les asigna. 6. Mediante oficio CA/103/2001 de 14 de septiembre de 2001, el C. Suárez del Real negó un permiso para la instalación de comerciantes en la vía pública, nuevamente, invadiendo la esfera de atribuciones de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 7. Desde que ingresamos a la delegación, solicité a la Ventanilla Única Delegacional me enviara periódicamente copia electrónica del registro de solicitudes de los distintos trámites para poder darle un seguimiento más eficiente. El responsable de la Ventanilla, el C. Víctor Ruiz, dijo que lo haría. A la fecha sigue remitiendo copia impresa directamente a las áreas que realizan los proyectos de contestación. Igualmente, en múltiples ocasiones le he solicitado información sistematizada que él mismo entrega a los Comités de Control y Evaluación por trámite y rezago, para poder dar el seguimiento necesario, ante la ausencia de una red que permita esa labor por la suscrita, responsable de los trámites dirigidos a esta Dirección General. Me ha entregado registros generales, siempre con diferencias entre el registro de cada área y el de él. Se cuenta registro de trámites Sin embargo, el coordinador de Asesores cuenta no sólo con ese registro magnético de los trámites que ingresan diariamente a la Delegación, sino también con una base de datos histórica de los trámites que han ingresado desde hace por lo menos seis años. Esa información es la que le permite remitir notas diariamente a los distintos jefes de esta área para que procedan a dar seguimiento a los trámites y cotejar con los antecedentes que hay de cada establecimiento, nos habríamos ahorrado un enorme trabajo que ha significado que para cada trámite se tenga que revisar no una base de datos sino expediente por expediente. Por otro lado, permanentemente, el C. Víctor Ruiz, que por alguna razón no determinada en manual administrativo alguno, responde a las instrucciones del C. Suárez del Real, recibe trámites improcedentes, como la solicitud por escrito y sin pago de derechos para la expedición de copias certificadas, que siempre terminan en negativa y solicitando al interesado llene formato disponible en la misma Ventanilla Única en la que ingresó su oficio, previo pago de derechos, para expedirle las copias; así como otros trámites que de acuerdo con el Manual de Trámites y Servicios no tendría por qué recibir, como solicitudes de “visto bueno delegacional para la instalación de libro foráneo” en establecimientos mercantiles u otros ingresados por oficio habiendo formatos para ello. La explicación que da este servidor público para la recepción de esas solicitudes improcedentes es que el artículo 8° constitucional y el artículo 49 de la Ley de Procedimientos Administrativos lo obligan a recibirlos, cuando en otros casos hemos sido testigos de la negativa de recepción, como en los trámites de regularización de locatarios de mercados públicos, en los que alegó a diversos interesados que no cumplían con los requisitos de ley. Ante las deficiencias en la orientación al particular en Ventanilla Única para la procedencia de trámite, las áreas de esta Dirección tienen que estar emitiendo constantemente prevenciones. En muchos de esos casos, vienen directamente los interesados a dar satisfacción a los requisitos que les faltó para que se les expida la autorización o el servicio, señalando que pudieron haberles dicho desde el principio (en la Ventanilla Delegacional) que les faltaba determinado documento. Obstrucción del trabajo La relación de los distintos jefes de la Dirección General con el encargado de la Ventanilla Única ha sido permanentemente difícil. En general, no ha respondido a cada solicitud de cooperación para orientar bien a los particulares y evitar oficios innecesarios. Por el contrario, encauza su labor a obstruir el trabajo de quienes resuelven las solicitudes para después hacer aparecer ineficiencia. Como le informé mediante nota informativa DGJG/NI-014/2002, de 30 de enero de 2002, hace seis meses se le solicitó se abstuviera de recibir las revalidaciones de licencias de funcionamiento revocadas. Ha hecho caso omiso de tal solicitud, en perjuicio de esta desconcentrada. 8.Como también se abordó, el C. Suárez del Real, como representante de usted en la Coordinación de Seguridad Pública de la zona de Garibaldi, estuvo suscribiendo convenios con grupos de sexoservidoras, invitando a su firma a la C. Virginia Jaramillo, Directora General de Desarrollo Social, cuando la Ley de Justicia Cívica establece que la autoridad competente para atestiguarlos es el juez cívico, como él sabía de antemano. C. Jefa Delegacional: A estos hechos, se suman las decenas de entrevistas que el C. Suárez del Real ha sostenido con diversos inconformes de las sanciones o resoluciones de trámites emitidos por la Delegación. Invariablemente, el funcionario orienta a los particulares a dirigir actos contra los servidores públicos adscritos a esta Dirección General, aunque ello tenga como consecuencia que el particular inconforme encuentra una administración dividida e incongruente. Además, ello va acompañado de desinformación hacia usted, que constantemente he tenido que aclarar después de que le otorgan datos tremendistas. Podría citar que permanentemente ha interferido mal informándola de diversos procedimientos jurídicos, como las clausuras emitidas a los establecimientos mercantiles La Embajada Jarocha, El Closet, El Sixtie’s, el Foro Alicia, Super Servicio de Fletes Corona o la obra realizada en Berlín 26, colonia Juárez, del que insidiosamente señaló que se trataba de una escuela, cuando en realidad era una obra negra. También menciono que desconozco la relación que el funcionario mantuvo o mantiene con los dueños de giros negros clausurados actualmente, en casos como el El Closet, El Sixtie’s, ha intercedido en su favor. En casos como los provenientes de los hermanos Iglesias Rebollo, hay antecedentes de dos oficios dirigidos a ellos, en uno para solicitarles se abstuvieran de contratar a una mujer “por razones de salud”, en otro, dirigido a Antonio Grez, para informarle de obras que se realizarían en el exterior del establecimiento Hawaii. Intriga e insidia Por último, infiero que la permanente intriga e insidia con que aborda los temas provenientes del área Jurídica y de Gobierno tiene como origen que antes del 1 de octubre de 2000, el coordinador de Asesores era el funcionario que decidía cada actuación: imposiciones y levantamientos de clausura, reposiciones de sellos de clausura, otorgamientos o negativas de permisos, retiros o tolerancias de zonas de sexoservicio, acuerdos con grupos de comerciantes en vía pública o de mercados públicos, etcétera. Consta en diversos actos emitidos, como algunos de los aquí ejemplificados, que así era. Más aún, consta que diariamente, de acuerdo con la anterior subdirectora de Verificación y Reglamentos, él decidía qué se verificaría. Ha querido repetir la historia. Inventa “comités jurídicos” que no existen en disposición alguna para inferir en los procedimientos. Todo lo justifica por riesgos inexistentes o argumentos extrajurídicos si no antijurídicos. En fin, a usted consta que de septiembre a diciembre de 2001, periodo en que el funcionario no intervino en nada, no ocurrió ninguno de sus designios tremendistas de supuestos abusos del área Jurídica y de Gobierno. También consta que en los demás momentos, cuando ingresan amenazas o chantajes de particulares, como el que encabezaron las discotecas El Bulbo y Casa Rasta, suceden inmediatamente después de que él platica con los afectados. Cordialmente Lenia Batres Guadarrama Directora General Jurídica y de Gobierno. ¡AJAAAAAAAAAA! ¿Y Luego? http://www.lacrisis.com.mx/especial270503.htm